Morelia, Michoacán; 11 de marzo de 2026. De continuidad con las propuestas de armonización de las leyes federales con las estatales para dar certeza jurídica y legalidad en el ámbito estatal, el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez, presentó una iniciativa para armonizar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Durante su intervención en tribuna, el legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) indicó que a pesar de que se han logrado grandes avances en el reconocimiento de los derechos de grupos considerados en situación de vulnerabilidad como las mujeres, las infancias y adolescencias; aún hay mucho camino por recorrer para que el Estado garantice plenamente estos derechos.
En ese sentido, señaló que la propuesta que presentó está encaminada a que en la ley queden asentadas las medidas para que el Estado salvaguarde la vida, integridad, libertad, seguridad personal, bienestar físico y mental; así como medidas de restitución integrales para NNA.
De igual manera, se busca la incorporación de la perspectiva de género y derechos humanos en el diseño e implementación de políticas y programas gubernamentales.
Así también, las medidas y órdenes de protección para infancias y adolescencias deberán integrarse en el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.
El diputado petista enfatizó que en los casos de procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo, incluso por cualquier acto de autoridad, en los que se encuentren relacionados niñas, niños y adolescentes, se deberá observar la edad, desarrollo evolutivo, cognitivo, grado de madurez; y, el deber reforzado de protección para garantizar la igualdad sustantiva y derecho a una vida libre de violencias.
El legislador conminó a sus homólogos a sumarse a esta iniciativa, de manera que, desde el legislativo, se coadyuve a garantizar la igualdad de oportunidades ante la ley para los grupos en situación de vulnerabilidad, y contribuir a eliminar las barreras que impiden la salvaguarda de los derechos.
