El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) manifestó su rechazo a la propuesta del gobierno estatal de desaparecer las policías municipales y sustituirlas por corporaciones regionales, al considerar que la medida no contempla las formas de seguridad de los pueblos y las comunidades indígenas.

Pável Uliánov Guzmán, vocero del organismo, señaló que las rondas comunales, las kuarichas y otros cuerpos tradicionales de seguridad todavía no cuentan con reconocimiento en la legislación federal y su regulación se limita al ámbito estatal. Ante esta situación, advirtieron que la eliminación de las policías municipales podría generar incertidumbre sobre el reconocimiento jurídico, las atribuciones y la operación de sus corporaciones comunitarias.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el activista indígena aseveró que las políticas de seguridad deben orientarse al fortalecimiento de las rondas comunales. Para ello, pidió reducir los tiempos de los procedimientos de capacitación, certificación y entrega de armamento, pues algunos pueden prolongarse hasta dos años.

Insistió el representante del CSIM en que la propuesta no está contextualizada para los pueblos indígenas y podría profundizar la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. También recordó que la asamblea general es la máxima autoridad dentro de las comunidades indígenas y, por lo tanto, debe conservar la facultad de nombrar, remover o sancionar a quienes integran las rondas y las kuarichas.

Persiguen la justicia

En la misma rueda de prensa, integrantes de la familia Guzmán Cruz solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no conceder más prórrogas al Estado mexicano y remitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso por la desaparición forzada de cinco de sus familiares durante la década de 1970.

Manifestaron que el gobierno federal ha solicitado tres ampliaciones de plazo desde agosto de 2025, bajo el argumento de que mantiene reuniones con los familiares y continúa las investigaciones. Sin embargo, afirmaron que hasta ahora no existen resultados ni personas sancionadas. “Son 52 años y no hay una sola persona detenida ni una conclusión de las investigaciones”, expuso Tania Álvarez Guzmán. La prórroga más reciente vencerá al finalizar agosto de 2026, fecha en la que, de acuerdo con la familia, el caso podría remitirse a la Corte Interamericana.

Tania Álvarez explicó que las primeras denuncias ante organismos de derechos humanos se presentaron antes de 1980. En 2001 se obtuvo una respuesta sobre algunos de los casos y en 2007 comenzó el procedimiento ante el Sistema Interamericano; no obstante, fue hasta 2025 cuando se emitió una respuesta de fondo.

La familia exige esclarecer las desapariciones de Jesús, Solón, Armando, Venustiano y Bonifacio Guzmán Cruz. Este año se cumplen 50 años de la desaparición de Venustiano, quien tenía 17 años cuando fue detenido en 1976. Solón también tenía 17 años cuando desapareció en 1974.

Los familiares indicaron que las investigaciones realizadas por Abellán y Graciela Guzmán permitieron localizar documentos de la entonces Dirección Federal de Seguridad en el Archivo General de la Nación. Según expusieron, los expedientes registran la detención de algunos integrantes de la familia y su traslado a la 21 Zona Militar y, posteriormente, al Campo Militar Número 1, donde habrían sido interrogados.

Agregaron que los documentos contienen nombres de funcionarios de la Dirección Federal de Seguridad y de mandos militares. La información posibilitó acreditar la desaparición de cuatro integrantes de la familia, pero todavía faltan elementos para conocer lo ocurrido con Venustiano.

La familia solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional abrir sus archivos para esclarecer los hechos y determinar la posible participación de integrantes del Ejército y de la Dirección Federal de Seguridad. También pidió investigar si alguno de sus familiares fue víctima de los denominados “vuelos de la muerte”.

De acuerdo con los participantes, la Secretaría de Gobernación se ha negado a abrir los archivos militares, pese a que esta medida permitiría obtener información sobre otros casos de desaparición forzada ocurridos durante la llamada Guerra Sucia.

Informaron que el Estado mexicano propuso una reparación económica, pero rechazaron la oferta al considerar que su demanda se centra en conocer la verdad y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. “Esto no se soluciona entregando una cantidad de dinero, sino diciendo la verdad”, sostuvo Álvarez Guzmán.

Además de justicia, la familia solicitó garantías de no repetición y la construcción de una verdad histórica sobre las desapariciones. También manifestó su rechazo a una posible salida de México del Sistema Interamericano, pues consideró que esta decisión dejaría sin una vía internacional a las víctimas que no han obtenido respuesta de las instituciones nacionales.

Como parte de las actividades para recordar a los integrantes de la familia, el 18 de julio se realizará un encuentro de natación con la participación prevista de 300 personas. La actividad busca informar a deportistas y asistentes sobre el caso y mantener la exigencia de memoria, verdad y justicia.

Arved Alcántara / La Voz de Michoacán