El Derecho a la Ciudad
LA IMPRUDENCIA VA EN MOTOCICLETA
Salvador García Espinosa
A mediados del siglo pasado referirse a una localidad como “pueblo bicicletero” resultaba peyorativo, porque hacía alusión a retraso. Ahora, por el contrario, la cantidad de kilómetros de ciclovías o personas que se movilizan cotidianamente en bicicleta resulta ser un indicador de modernidad, en gran medida porque se asume que detrás de dicha práctica hay una clara conciencia ambiental.
Traigo a colación lo anterior porque ahora ocurre todo lo contrario con las motocicletas: el incremento en el número de motocicletas es, en buena medida, un indicador de la diversidad de plataformas digitales existentes en una ciudad, sea para entrega de comida, paquetería o como medio de transporte. En otras palabras, es un efecto tangible de la globalización de la urbe. Ahora bien, no todo es bonanza, existe un agudo problema de seguridad en términos de movilidad atribuible al uso de motocicletas.
Para dimensionar la magnitud de las motocicletas que se han incorporado a las calles, baste mencionar que en México circulan poco menos de 12 millones de motocicletas; su incremento en tan sólo la última década ha sido de casi 9 millones de unidades, y de acuerdo con proyecciones del INEGI se llegaría a 20 millones en 2030. Las entidades con mayor cantidad de unidades matriculadas son el Estado de México, Jalisco, CDMX, Guanajuato y Veracruz. Al cierre de 2024 e inicios de 2025, en Michoacán circulaban 412,656 motocicletas oficialmente registradas, mientras que hace 10 años tan sólo había 133,000 motos registradas.
La particularidad de las motocicletas radica en que, en la mayoría de los casos constituye una herramienta de trabajo, más que un medio alternativo de transporte. Se estima que, en el ámbito nacional 7 de cada 10 motos nuevas se adquieren para actividades de trabajo y logística urbana. Lo anterior resulta significativo si se considera que el trabajo que se realiza a través de una plataforma digital, que por lo general posee un sistema de ranking que mide el desempeño del repartidor con indicadores como: la tasa de aceptación, tiempos de entrega, la evaluación del cliente, todo se traduce en una serie de incentivos para lograr determinadas conductas, y una de éstas es la rapidez del servicio que, sin lugar a dudas, es la principal característica de este tipo de transporte, junto con la imprudencia al conducir.
La mayoría de los motociclistas olvidan que la perspectiva desde un automóvil es muy distinta a la que ellos tienen, de modo tal que ellos consideran que el espacio existente entre los vehículos es suficiente para que circulen. El tema no es menor, de acuerdo con el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (COEPRA) y el Observatorio Estatal de Lesiones, en Michoacán se presenta un promedio anual de 5,796 accidentes en los que está involucrado un motociclista y en el 35% de todas las muertes ocurridas por siniestros de tránsito en la entidad. En otras palabras, que de cada 1,000 personas que fallecen en alguna vialidad de Michoacán, aproximadamente 350 corresponden a conductores o pasajeros de una motocicleta.
Lamentablemente, todo indica que ni la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo ni el Reglamento de Tránsito para el Municipio de Morelia han tenido efectos en la disminución de muertes por accidentes viales. Más allá de especificar la obligatoriedad del uso de casco, por la magnitud ya descrita, se requiere de acciones puntuales en operativos viales de vigilancia en calles, a fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad y aumentar así, la seguridad, tanto de motociclistas como de peatones y automovilista.
