Morelia, Michoacán, 14 de febrero de 2026.- En la región judicial de Zitácuaro, un juez de oralidad penal sentenció a Cecilia “N” como penalmente responsable del delito de crueldad contra los animales, en agravio de un canino conocido como “Huesitos”, con
una pena de 3 años de prisión y una multa de 37 mil 999 pesos, equivalente a 300 UMAS, por lo que ve a la reparación del daño moral, de manera integral. También se determinó la suspensión de sus derechos políticos.

Los hechos ocurrieron en noviembre de 2024, cuando el animal fue agredido con un arma blanca, causándole diversas lesiones. En la resolución, la autoridad judicial tomó en cuenta la legislación estatal en materia de protección animal y principios internacionales sobre el bienestar de los animales.

Por otro lado, en Morelia, una jueza determinó la vinculación a proceso de Daniel “N” por su posible participación en el delito de violación; de acuerdo con los datos expuestos en audiencia, se presume que el 21 de enero de 2026 el imputado ingresó al domicilio donde se encontraba la víctima. En este caso, se aplicó perspectiva de género, al advertirse una relación de desigualdad estructural, lo que implicó analizar el caso con metodologías que permiten visibilizar el contexto social y cultural en que ocurrieron los hechos, conforme a criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En la misma región, una jueza resolvió la vinculación a proceso de Carlos “N” por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual en contra de personas menores de 16 años, dentro de la causa penal 89/2026, en agravio de dos niñas cuya identidad
se encuentra protegida. En esta determinación judicial se aplicaron los principios del interés superior de la niñez y perspectiva de género, así como criterios de igualdad, no discriminación y acceso a la justicia, para garantizar un proceso con apego a derechos
humanos.

Por último, una jueza de Uruapan vinculó a proceso a Alfonso Ramón “N” por su probable participación en el delito de violencia familiar, en agravio de dos víctimas. De acuerdo con los datos expuestos en audiencia, se acreditó su probable participación,
por lo que además se impusieron medidas cautelares para proteger a las víctimas, entre ellas la presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares, la prohibición de acercarse o concurrir a sus domicilios y la restricción de contacto con víctimas y testigos. Asimismo, se fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Con estas determinaciones, el Poder Judicial de Michoacán refrenda su compromiso de garantizar el acceso a la justicia, la protección de las víctimas y el respeto a los derechos fundamentales, asegurando que cada asunto sea resuelto con imparcialidad, rigor jurídico y sensibilidad frente a los contextos de vulnerabilidad.