Dos mujeres que trabajaron para el cantante español presentan denuncias ante la Fiscalía española por hechos ocurridos en el Caribe
El reconocido cantante Julio Iglesias es objeto de una investigación tras la presentación de una denuncia formal por presuntos delitos de agresión sexual, acoso y abusos cometidos en 2021, cuando las denuncias sitúan los hechos en sus residencias del Caribe, informaron fuentes oficiales y medios internacionales.
La denuncia fue presentada el 5 de enero de 2026 ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España por dos mujeres que trabajaron como empleadas domésticas y en servicios personales del artista en sus propiedades en República Dominicana y las Bahamas, las acusaciones relatan un ambiente laboral marcado por control estricto, humillaciones, acoso constante y agresiones sexuales, según los testimonios recopilados durante una investigación periodística realizada por el medio español eldiario.es en colaboración con Univision Noticias.
Una de las denunciantes, identificada con un pseudónimo, relató que fue presionada para sostener encuentros sexuales no consentidos con Iglesias y que la situación ocurría de forma reiterada, describiendo un trato que la hizo sentirse “como un objeto, como una esclava”; la otra mujer señaló que también sufrió tocamientos no deseados y otros actos que calificó como agresiones en diferentes espacios de las residencias.
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Autoridades fiscales han iniciado diligencias de investigación penal de carácter reservado para determinar el alcance de los hechos denunciados, sin que por el momento se hayan detallado los cargos específicos que se imputarían.
Hasta ahora, Iglesias no ha emitido una declaración pública ni ha respondido a los intentos de medios por obtener su versión de los hechos, la investigación ha generado reacciones en España, donde representantes del gobierno han señalado la importancia de esclarecer las acusaciones y poner atención a casos de violencia y abuso en todos los ámbitos.
El caso abre una discusión más amplia sobre el trato de figuras públicas ante denuncias de este tipo y las responsabilidades legales y sociales que conlleva enfrentar acusaciones de agresión sexual y abuso de poder.
Fuente: La Jornada
